La ley 107-13 y los Registros de Títulos en República Dominicana

enero 7, 2014 4:15 pm Publicado por Héctor Alies

Con la promulgación de la ley 107-13, de derechos de las personas en sus relaciones con la administración y procedimiento administrativo, la República Dominicana ha dado un paso enorme en el desarrollo y regulación del derecho administrativo nacional.

Esta legislación en su artículo 2, que describe su ámbito de aplicación, establece en el párrafo II, que sus disposiciones serán aplicables: “A los órganos que ejercen función o actividad de naturaleza administrativa en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los órganos y entes de rango constitucional, se aplicarán los principios y reglas de la presente ley, siempre que resulten compatibles con su normativa específica, no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de los poderes.”

Los Registros de Títulos, responsables de registrar los derechos, cargas y gravámenes sobre inmuebles de conformidad con la Ley de Registro Inmobiliario y sus reglamentos complementarios, forman parte de la Jurisdicción Inmobiliaria, la cual depende directamente del Poder Judicial. Aunque convergen con órganos jurisdiccionales, y algunos para blindarlos podrían aventurarse a plantear lo sui generis de su ubicación orgánica dentro del citado Poder del Estado, la naturaleza de su función es meramente administrativa.

No obstante, es necesario precisar que la aplicabilidad de la ley 107-13 dependerá de si se logran conciliar las garantías básicas del procedimiento administrativo en ella prevista y su aplicación al procedimiento registral. Obviamente, si lo anterior no fuera posible, las reflexiones que siguen estarían fuera de lugar.

La aplicación a los Registros de Títulos de la ley 107-13 no sería ninguna extravagancia e intromisión, si se tiene en cuenta que los Registradores tienen la condición de funcionarios públicos y que su responsabilidad se rige supletoriamente por el derecho común, conforme al Principio General VIII de la ley 108-05.

Es decir, la implementación de medidas de modernización administrativa, descarga y simplificación burocrática, régimen de sanciones y responsabilidad de los entes públicos, no atenta en lo absoluto contra el quehacer diario de estas oficinas.

Al contrario, que un Registrador de Títulos esté llamado al cumplimiento de los principios de la actuación administrativa, descritos en el artículo 3 de la ley 107-13, se traduce en un acompañamiento idóneo para los consagrados principios fundamentales del derecho registral dominicano, por el uso y vigencia del sistema Torrens, a saber: legalidad, legitimidad, especialidad y publicidad.

Con estas líneas no queremos auspiciar una revolución en el saber hacer de los Registros de Títulos, tampoco plantear trabas a su normal funcionamiento; se trata de reflejar la importancia de ajustarlos a la ley 107-13, pues sus servicios tienen repercusiones directas sobre políticas públicas trazadas por la Administración Pública Central, a través de otras entidades, y en los derechos de las personas frente a ellos.

Lo que queremos es ver correspondido el principio de racionalidad, que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa, en el momento en que un Registrador de Títulos, en el ejercicio de su función calificadora, decide rechazar el expediente o emitir un oficio que permita al interesado corregir irregularidades o defectos en la documentación depositada. En consecuencia, sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegación de un derecho del ciudadano.

Que se imponga el principio de igualdad de trato y principio de servicio objetivo a las personas. Que se aplique el principio de eficacia, en cuya virtud en el procedimiento administrativo registral se removerían los obstáculos puramente formales que sean innecesarios, evitarían la falta de respuesta a las peticiones formuladas, las dilaciones y los retardos; y, el principio de celeridad, en cuya virtud las actuaciones registrales se ejecutarían optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podría superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el Registro de Títulos. Sobre esto último, el artículo 17 del Reglamento General de Registros de Títulos, obliga al Registrador a pronunciarse definitivamente, dentro un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de las solicitudes que le son sometidas; por tanto, la normativa sectorial entraría dentro del plazo otorgado por la ley 107-13 en el párrafo III de su artículo 20. Igual sucede con los plazos para la solicitud de reconsideración y del recurso jerárquico.

Con la aplicación de las reglas de la ley 107-13, la prorrogación del plazo de respuesta del expediente administrativo depositado en el Registro de Títulos se convertiría en la excepción, no en la regla que actualmente impera. Para justificar las dilaciones, no puede darse cabida a que siempre se alegue complejidad, carga de trabajo u otras circunstancias (muchas veces sin motivo), las cuales violentan directamente el derecho de las personas a una buena administración.

Uno de los aspectos más interesantes que trae consigo la Ley 107-13 es la descarga burocrática presentada en su artículo 56. Eso persigue un fin claro y preciso: evitar el abuso en la exigencia documental y sus costes. Simplificación administrativa.

Se trata de impedir que el ciudadano entregue el mismo documento en un expediente cuando el anterior fue inscrito con una diferencia temporal inferior a seis meses. Es el deseo de todos que los Registros de Títulos logren calificar una actuación registral sin necesidad de solicitar documentos legítimos que estén en su poder. Claro, somos conscientes, que en ciertos casos puede haber variado alguna de las circunstancias reflejadas en dicho documento.

Lo anterior, sin menoscabo de las facultades que le otorga la función calificadora, que en algunos aspectos peca de abusar de su discrecionalidad, y la necesidad que existe de examinar, verificar y calificar los actos, sus formas y demás circunstancias.

Ahora bien, si bien es cierto que las garantías básicas aducidas en la citada ley 107-03 resultan aplicables al procedimiento registral, no menos ciertos que algunos aspectos se encuentran de frente con la norma reguladora de la materia. Este es el caso, por ejemplo, del carácter optativo de los recursos administrativos y la potestad sancionadora.

En definitiva, nuestro interés es proyectar que tener una ley especial y estar dentro de la sombrilla de independencia que cubre a la judicatura, no implica que se puedan desconocer los derechos de los ciudadanos que acceden a los servicios de los Registros de Títulos. La ley 107-13 no ha entrado vigencia, pero durante la vacatio legis, llama a los órganos administrativos a prepararse para su aplicación.

Ya tenemos la ley, ahora falta aplicarla. Y esa es la parte interesante, pues de aplicarse estamos ante lo que sería el inicio de una práctica registral de calidad y respetuosa de los derechos de todos.

 1 Ley No. 107-13, de fecha 6 de agosto del 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimientos Administrativos.

2 Artículo 14. Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005, modificada por la Ley No. 51-07.

3 Resolución No. 13163, del 30 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado de España. BOE Núm. 181.

Héctor Alies
Héctor Alies
Socio Gerente